Están todos invitados a participar de los seminarios de formación académica organizados desde el Programa, comienzan a partir del 7 de marzo del año en curso. Todos son bienvenidos.

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El Programa de Ética y Teoría Política adhirió al acuerdo de seguridad democrática impulsado por el CELS frente a la declaración de emergencia en materia de seguridad del gobierno nacional que habilita medidas excepcionales contrarías a las garantías penales y el respeto de los Derechos Humanos

Declaración promovida por el Acuerdo de Seguridad Democrática y el Grupo Convergencia
El Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia en seguridad a través de un decreto que, sin apoyarse en diagnósticos claros, pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad. Para dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta.
El decreto expresa un enfoque que considera que el narcotráfico es “la principal amenaza a la seguridad de los argentinos” y lo transforma en la explicación de los problemas relacionados con el delito y la violencia. Así se intenta justificar que para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional es necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales. Sin tener ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico y decide concentrar allí los recursos con un enfoque de corte militarista. Ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos.
El decreto caracteriza al narcotráfico como una violación a la soberanía nacional e inscribe a las políticas para enfrentarlo en el modelo de las “nuevas amenazas” que EEUU prescribe para América Latina pero que no aplica en su propio territorio. Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera lo coloca por encima de otros delitos tanto o más violentos como la comercialización ilegal de armas de fuego. Como consecuencia de este paradigma, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional. Esta decisión produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior.
Las FF.AA. no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo. Esta medida es inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional. Las experiencias internacionales han demostrado que la intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto beneficioso, sólo contribuye a una escalada de la violencia.
La emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención. En lugar de ello, se habilitan una serie de procedimientos de excepción para aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego. Por ejemplo, se autoriza la convocatoria a personal retirado, medida que ya ha sido adoptada reiteradas veces y que no aporta nada positivo, pero que desprofesionaliza a las fuerzas de seguridad. Estos cuerpos policiales reforzados, que mantienen los mismos problemas de violencia y corrupción, son luego destinados a operativos de saturación en barrios pobres, sumando un problema más a las situaciones cotidianas de violencia que se viven en algunos de estos barrios. Al mismo tiempo, la declaración de emergencia habilita al poder ejecutivo a incrementar los gastos en tecnología y armamento y debilita los sistemas de control para las contrataciones estatales.
La declaración de emergencia se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada, técnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados.
La declaración de emergencia no propone medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales como por ejemplo fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero. Al mismo tiempo, los nombramientos en la unidad encargada de elaborar estas políticas no parecen ir en el sentido de incrementar el control. Tampoco se han dado a conocer medidas para intervenir en la relación promiscua entre fútbol y política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y a los crímenes mafiosos. Para promover una verdadera política de Estado para enfrentar los complejos fenómenos del delito y la violencia no es posible dejar de lado la necesidad de profesionalizar las instituciones policiales y el sistema de Inteligencia. Al mismo tiempo, debería jerarquizarse el trabajo preventivo territorial, en particular con los jóvenes y los niños.
Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular, deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia. Diversos espacios políticos, sociales y académicos, entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia, venimos planteando que la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democráticos, a partir de acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas e ineficaces. Estos acuerdos deben avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

Amicus curiae presentado por el Programa en la causa contra Pablo Márquez

El caso Márquez

En 2015 fue condenado el ex comisario Pablo Márquez por coacción y abuso de autoridad. La justicia encontró responsable al ex comisario de haber coaccionado a sus inferiores a realizar un número de detenciones por aplicación del Código de Faltas de Córdoba aún frente a la inexistencia de motivo. “Pablo Alejandro Márquez, quien ostentaba el cargo de comisario en el Comando de Acción Preventiva de la Policía de la Provincia de Córdoba del Distrito Policial Nº VIII, ordenaba a sus subordinados que realizarán aprehensiones de ciudadanos, aún sin causa, mediante la aplicación de distintas figuras del Código de Faltas (ley 8431), siendo las más usadas el merodeo, el escándalo en la vía pública y la ingesta de bebidas alcohólicas en dicho lugar (arts. 98,   52 y 61 del CF). (…) Les exigía al menos dos detenidos por turno a sus subordinados, para de esta manera lograr hacer un “colchón” de personas detenidas por contravenciones, que contrarrestaran los hechos delictivos que pudiesen ocurrir y generar, asimismo frente a sus superiores y a la ciudadanía en general, una impresión de eficiencia y efectividad; lo cual no ocurrió ya que el delito aumentó en dicho período. Todo ello, lo hacía a sabiendas de que las órdenes que impartía eran ilegales por violentar las normas que regulan la materia” (fragmento de la sentencia).

De la sentencia surge que “la modalidad de trabajo instrumentada por Márquez se fundaba en crear una ficción de eficiencia en la prevención, a costas de llevar contraventores con el fin de engrosar las estadísticas -con o sin motivo para la detención-, y de esta forma, quedar bien con sus superiores”. Los jueces afirmaron que “hay certeza de que existió conocimiento respecto de la arbitrariedad e ilegalidad de las órdenes, por cuanto Márquez se desempeñó como instructor y docente de la Escuela de Policías, donde tenía como función enseñar el marco legal aplicable al desempeño policial, particularmente a las detenciones, aprehensiones y aplicación del Código de Faltas”.

De los testimonio surgió que “las situaciones que motivaban las detenciones “(…) generalmente no existían como tales pero que se generaban a partir de la reacción de los individuos que ante el requerimiento policial reaccionaban (…)”, valiéndose de ello para poder aplicar las mencionadas contravenciones. Como consecuencia de esto, agrega, llevaban a la comisaria “(…) varios ‘salames’ sin ninguna causa real para detenerlos” (testimonio oficial C.). Otro testigo sostuvo que “traer presos bajo esa modalidad, significaba  “salir a la caza” o mentir cuando se declaraba, diciendo que dichos detenidos los habían insultado”.

El tribunal sostuvo que la práctica implementada por Márquez “privó a la zona de la ciudad, donde ejercía sus funciones, de una adecuada y eficiente política de prevención del delito, toda vez que el personal policial a su cargo estaba abocado -en su mayoría- a conseguir o “inventar” contraventores en lugar de cumplir tareas en la prevención y persecución de hechos delictivos; la afectación que sufrió la institución policial como tal, en cuanto a la imagen que los ciudadanos tienen de ella, ya que con su accionar lejos de generar un sentimiento de seguridad en la comunidad, se infundió temor por sufrir posibles detenciones ilegales y una mayor inseguridad en la zona, repercutiendo ello indefectiblemente en un desprestigio de la fuerza policial; asimismo, las órdenes ilegales impartida por Márquez produjeron perjuicios reales y concretos en un número importante de ciudadanos, quienes además de sufrir la privación arbitraria de su libertad, tienen en sus certificados de buena conducta la comisión de

contravenciones, pese a no haberlas efectivamente cometido, lo que trae aparejado en muchas ocasiones estigmatizaciones sociales o dificultad para conseguir un trabajo. Colocó a los principios del debido proceso; pro homine y favor libertatis -garantías constitucionales y legales propias de un estado social y democrático de derecho-, al nivel de sistemas políticos característicos de tiempos ya superados. Dispuso ilegalmente que se realicen prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido y convirtió de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido.

El tribunal finalmente sostuvo que “(R)esulta necesario que la plana mayor de la Policía de la Provincia de Córdoba continúe enviando directivas a su personal subalterno para que el Código de Faltas, el que debe necesariamente ser modificado -toda vez que no es posible dejar librado al criterio del policía actuante la interpretación de sus normas, dado la falta de precisión de muchas de ellas-,  no sea mal y excesivamente empleado; puesto que de lo contrario, se produce no solo el desprestigio de la institución policial sino que se desnaturaliza un resorte importante para el desenvolvimiento de la vida en sociedad, como lo es un Código de Faltas, que debe tener como finalidad dirimir conflictos de menor intensidad y que debe operar como una herramienta de pacificación comunitaria ”.

El amicus curiae  Pablo Márquez

En el juicio contra Pablo Márquez  fue admitido por primera vez en Córdoba un amicus curiae en una Cámara del Crimen. El amicus curiae presentado por el Programa de Ética y Teoría Política es un antecedente que abre la puerta a que en el futuro las organizaciones y equipos de investigación aporten elementos para el juzgamiento en casos de violencia institucional. El amicus resulta útil en estos casos dado que la conducta investigada se inserta en una práctica institucional que excede la conducta de los imputados.

Los amici permiten aportar nuevos argumentos jurídicos y representan un mecanismo de participación ciudadana que hace de la búsqueda de justicia una actividad colectiva –o cuanto menos más participativa–, no circunscripta a la decisión del juez y a los argumentos de las partes. Si bien en la Argentina todavía no hay una ley que haya receptado este instituto, muchos tribunales lo han admitido en el marco de causas sobre interés público.

La actuación de los Amigos del Tribunal tiene sustento a nivel regional en el Sistema Interamericano, desde que fue objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (art. 62.3), y también fue expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en base a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en sus art. 44 y 48.

A nivel nacional el instituto fue incorporado pretorianamente, a través  de las Acordadas 28/2004 y 14/2006 dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que regulan el instituto para  las causas judiciales llevadas ante ese estrado. En 2013 el Máximo Tribunal dictó una nueva Acordada, la 7/13, por la que derogó el régimen anterior y dispuso modificaciones “a fin de procurar una mayor y mejor intervención de estos actores sociales y, con ello, de alcanzar los altos propósitos perseguidos de pluralizar y enriquecer el debate constitucional”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el propósito perseguido con la intervención de nuevos actores como Amigos del Tribunal es “pluralizar y enriquecer el debate constitucional, así como de fortalecer la legitimación de las decisiones jurisdiccionales dictadas por esta Corte Suprema en cuestiones de trascendencia institucional”. El reglamento sobre la Intervención de los Amigos del Tribunal que surge del art. 1de la Acordada 7/13 de la CSJN tiene establecido que pueden presentarse personas -físicas o jurídicas- en calidad de Amigos del Tribunal en “todos los procesos judiciales correspondientes a la competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general”. Además, en su art. 4 establece que “la actuación del Amigo del Tribunal tiene por objeto enriquecer la deliberación en cuestiones Institucionalmente relevantes (…)”.

El art. 13 prevé que “las opiniones o sugerencias del Amigo del Tribunal tienen por objeto ilustrar a la Corte Suprema. No vinculan a esta pero pueden ser tenidas en cuenta en el Pronunciamiento del Tribunal”.

El art. 3 de la misma Acordada establece que “La intervención que se reglamenta alcanza al Estado Nacional, a los Estados Provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios. Quedan incluidas las agencias de cada una de las mencionadas organizaciones estaduales siempre que estuvieren suficientemente autorizadas para actuar ante un tribunal de justicia. Deberán tomar participación por medio del funcionario debidamente habilitado para representar a la oficina de que se trate”.

En el amicus presentado en el juicio Márquez, en primer lugar, se muestran los resultados de una investigación que comenzó en 2011 y terminó en 2012. Esta investigación es el resultado de la cooperación internacional entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de la Rioja de España. La investigación releva datos sobre la aplicación del Código de Faltas a Jóvenes hombres de entre 18 y 25 años de edad residentes en diferentes barrios de la ciudad de Córdoba. El informe tiene por objetivo mostrar la selectividad con la que se aplica el Código de Faltas en función del grado de vulnerabilidad del joven. El informe también muestra cuáles son las razones que los jóvenes identifican como causa de la detención. Este punto es de especial relevancia para el caso dado que la segunda causa principal de la detención identificada es la necesidad de los agentes de realizar cierto número de detenciones para elevar las estadísticas.

En segundo lugar, se presenta dos datos pertenecientes a una segunda investigación. Estos datos fueron recabados durante el desarrollo de un proyecto de investigación que comenzó en 2014 y actualmente se encuentra en marcha. El proyecto  de investigación “acceso a la justicia: el caso de los jóvenes afectados por el Código de Faltas de Córdoba”  analiza diversos aspectos del vinculo de los jóvenes detenidos ilegalmente por aplicación del Código de Faltas, el acceso a la justicia y las herramientas legales para resguardar la libertad ambulatoria. En este proyecto se analizaron una serie de fallos entre los cuales dos dan cuenta de la práctica que aquí se analiza. Por otro lado, se elaboró un informe sobre el accionar policial durante los operativos de saturación policial del 2 y 3 de mayo de 2015 en base a la prueba aportada por la Policía de la Provincia de Córdoba al habeas corpus    “HABEAS CORPUS presentado por  el  Dr.  Hugo  Omar  SALEME  a  favor de  los  vecinos  de  los  Barrios  Arguello, Autódromo, Sol Naciente y Otros” (Expte. Sac. nº 2298821).-

Los resultados de ambas investigaciones aportaron datos empíricos y jurídicos que permitieron identificar una práctica de detenciones ilegales ejecutadas por la institución policial y practica dentro de la que se enmarcaba el accionar individual de Márquez. Los datos fueron presentados oralmente durante el juicio y contribuyeron a la tarea de los jurados populares. Finalmente, los datos aportados junto con las declaraciones realizadas por el comisario Márquez dieron cuenta de la necesidad de llevar a cabo una investigación penal más amplia que evalúe el rol de funcionarios policiales de más alto rango en la promoción de tal práctica ilegal.

Contravenciones y delitos

De los testimonios del imputado y de los testigos surge que la promoción de la práctica de llevar adelante un número de detenciones por contravención por día disminuía los esfuerzos  dedicados a la prevención del delito.  Así un testigo sostuvo que ““… la directiva que Márquez daba era que todas las guardias debían llevar detenidos por contravenciones a la UCA, porque el delito no le servía ya que el hecho ya estaba consumado”. La práctica desarrollada por Márquez valoraba más la función simbólica de la detención por contravención que la función de prevención general que cumple la persecución y el castigo del delito. También  subestimaba el papel que la persecución y castigo del delito tienen para la reparación del daño sufrido por la víctima.

La orden de Márquez generaba un desincentivo para que los agente llevaran adelante sus tareas de modo adecuado previniendo e investigando el delito. Así lo relataron los agentes que atestiguaron durante el juicio: todo el personal en lugar de prestar el servicio de seguridad y prevención sólo pensaba en detener personas para de esta manera no sufrir recargas”. Otros testigos confirmaron que “el imputado pedía contraventores (no le interesaban los delitos), señalando que los más fáciles de conseguir eran aquellos por merodeo y escándalo en la vía pública”.

Los jueces concluyeron que “los agentes policiales que comparecieron al debate, en su mayoría, fueron contestes en señalar que el cumplir con la exigencia de Márquez, en cuanto a detener contraventores, repercutió indefectiblemente, de manera negativa, en la prevención del delito en la zona bajo jurisdicción del Cap VIII, toda vez que los móviles policiales estaban “distraídos” en el traslado a la UCA de los contraventores, en vez de estar prestos para actuar en la prevención y consumación de delitos”.

Esta práctica debe ser atentamente vigilada atendiendo al nuevo Código de Convivencia que entrará en vigencia el 1 de abril de 2016. El nuevo Código sanciona una serie de conductas que ya se encuentran tipificadas en el Código Penal. Frente a un mismo hecho el agente tendrá la discrecionalidad de elegir la legislación aplicable al caso, a saber, la penal o la contravencional. Este tipo de decisiones corresponden al legislador y no pueden estar en manos de la Policía. Por otra parte esta discrecionalidad delegada a la policía configura un ámbito propicio para el desarrollo de prácticas ilegales como las promovidas por el ex comisario Márquez.

Responsabilidad de los altos mandos por las detenciones ilegales

Durante el juicio quedó en evidencia que la práctica promovida por Márquez era conocida y hasta promovida por sus superiores. Por tal motivo la Cámara remitió las actuaciones a la Fiscalía de turnos. Aunque del testimonio de Márquez surge que “Nunca en su vida policial recibió una directiva de detención de número de detenidos”, a continuación sostuvo “que le soltaron la mano,  dijo:“que desde jefatura para abajo.”  Preguntado por quien  -con referencia a Julio César Suárez-, dijo: “que él no dio nombres, la cabeza de la Policía es el Jefe de Policía”. Y a continuación sostuvo “que él respondió a directivas de los Superiores, la actual conducción sabía cómo era todo. Le decían quédate tranquilo”.

Los jueces concluyeron que “a lo largo de las audiencias ha quedado mostrado y demostrado que los mandos jerárquicos, conocían de estas prácticas policiales ocultas, determinantes en la transmisión de valores y hábitos ajenos a un estado social y democrático de derecho”. El voto de los jueces continúa diciendo que “Todo el andamiaje institucional, funcional y orgánico -quedó mostrado y demostrado- se articuló en torno a la superioridad jerárquica, con lo cual la orientación, las miradas y las directivas propias e individuales (no derivadas de la ley, para mayor abundamiento) de la cúpula policial se identificó como la de la institucionalidad determinadas por ley.se mostró y demostró que la policía es lo que su cúpula quiere que sea más allá de lo establecido de modo formal por las bases normativas, organizativas y funcionales”.

Descargue aquí el Amicus presentado

En el marco del procedimiento de consulta abierto por el Ministerio de Justicia de la Nación, el Programa de Ética y Teoría Política presentó observaciones sobre el procedimiento de designación y los perfiles de los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Compartimos el dictamen elaborado por el Dr. Hugo Seleme para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba sobre el decreto 83/2015 de desiganación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

dictamen ref. decreto 83/2015

Quien suscribe la presente, Hugo Omar Seleme, en su carácter de Director del Programa de Ética y Teoría Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, manifiesta.

Que en relación al decreto 83/2015 dictado recientemente por el Presidente de la Nación con el objeto de designar dos Ministros de la Corte Suprema de la Nación cabe hacer las siguientes consideraciones.

El proceso de designación no ha seguido el mecanismo estipulado en la Constitución Nacional en su art. 99 inc. 4. Para justificar la designación en comisión sin acuerdo del Senado se ha invocado el inc. 19 del mismo art. 99. El texto de este inciso señala que el Presidente “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.” La base sobre la que descansa la aplicación del inc. 19 a la designación de los Ministros de la Corte es la afirmación implícita de que los cargos de la Corte Suprema son empleos y sus Ministros empleados. Esto toda vez que el inc. 19 confiere al presidente facultades para llenar “las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado.”

Esta interpretación del inc. 19 es incorrecta y, por ende, el decreto de designación carece de sustento en algún dispositivo constitucional. El inc. 19 se refiere a los “empleos” que requieran acuerdo del Senado. Esos empleos son del tipo que se encuentran enumerados en el inc. 13 del mismo artículo. Para que no queden dudas al respecto, el texto del inciso utiliza la misma palabra “empleo”. Señala que el Presidente “(p)rovee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de batalla.” Este tipo de “empleos” son los que pueden ser cubiertos en comisión por mera voluntad del Presidente. El inc. 4, por el contrario, no utiliza la palabra “empleo” porque sería ridículo pensar que los ministros de la Corte son empleados de alguien. Este inciso señala simplemente que el Presidente “(n)ombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.”

Es decir que el inc. 19 del art. 99 no faculta al Presidente a cubrir cualquier vacante sino sólo la de los empleos como aquellos enumerados en el inc. 13. El punto no es menor dado que el art. 2, sección 2, cláusula 3 de la Constitución estadounidense (en el que se inspira nuestra Constitución) habla genéricamente de “vacantes”. El texto dice ““[t]he President shall have Power to fill up all vacancies that may happen during the recess of the Senate, by granting commissions which shall expire at the end of their next session” Si nuestra Constitución habla de “vacantes de los empleos” en lugar de “all vacancies”, como lo hace la norma en que se inspiró debe ser porque quería hacer una distinción que la Constitución estadounidense no hacía. Un modo de dar sentido al agregado de la expresión “empleo” en nuestra Constitución es entender que lo preceptuado en el inc. 19 se aplica a las designaciones del inc. 13 donde se utiliza la misma expresión “empleo” (dice “el presidente provee los empleos militares de la nación”) y no a las designaciones del inc. 4 que habla de la designación de los Ministros de la Corte sin calificar a este cargo como un “empleo”.

Que nuestra Constitución debe ser interpretada en este sentido de modo diverso a como es interpretada la Constitución Estadounidense queda claro cuando se compara nuestra práctica constitucional con la de aquel país. En Estados Unidos existe una práctica constitucional de designar jueces de la Corte en comisión cuando el Senado está en receso. Tres jueces han sido designados a lo largo de su historia con este mecanismo: Brenan, Stewart y Warren. En 150 años de historia constitucional Argentina nunca ha sucedido nada semejante.

Por último, el único lugar de nuestra constitución donde se señala que los Ministros de la Corte desempeñan un empleo es el art. 110. Sin embargo, si se utiliza este artículo para desvincular el inc. 19 del tipo de empleos enunciados en el inc. 13 con el objeto de extender la vinculación a los cargos enunciados en el inc. 4, aparece un problema interpretativo.L a interpretación del art. 110 que se obtiene es teleológicamente incorrecta. El art. 110 tiene por finalidad garantizar la estabilidad en el cargo de los Ministros de la Corte estableciendo que “…conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta,” Si se entiende que este empleo es al que hace referencia el inc. 19 del art. 99 – tal como presupone el decreto presidencial que se cuestiona – entonces se trata de un empleo inestable que no dura mientras dure la buena conducta sino sólo hasta que finalice la próxima legislatura, o se revoque la comisión por parte del presidente. La interpretación que se obtiene del art. 110 es en este sentido paradójica porque garantiza la estabilidad en un empleo que es inestable.

En conclusión, existen tres tipos de argumentos que fundan la inconstitucionalidad del decreto de referencia. En primer lugar, un argumento sistemático que vincula el inc. 19 con el inc. 13 y excluye los cargos referidos en el inc. 4. La razón de esta vinculación reside en la utilización en nuestro texto constitucional de la expresión “empleo”. En segundo lugar, un argumento histórico-originalista que muestra que nuestro texto constitucional es divergente de aquel que históricamente lo inspiró. Si el texto es diferente debe interpretarse que lo que intentaron hacer nuestros constituyentes es diferente de lo que intentaron establecer los constituyentes estadounidenses. Esto queda de manifiesto cuando se ven las divergencias que existen entre nuestra práctica constitucional y la de aquel país. Por último, se ofrece un argumento teleológico en contra de la utilización del art. 110 de la Constitución como fundamento de que el cargo de Ministro de la Corte es el tipo de empleo al que se refiere el inc. 19 del art. 99. Si se adopta esta interpretación del art. 110 la misma es contraria a la finalidad que persigue dicho precepto normativo.

 

 

Hugo O. Seleme

Director del Programa de Ética y Teoría Política

Profesor Titular de Ética (UNC)

Investigador del CONICET

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 2015

Mejorar la legislación que regula la actuación de la Policía de la Provincia de Córdoba es el objetivo de las observaciones y sugerencias al nuevo Proyecto de Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba que se presentan a continuación.

Adjunto

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 2015

Informe: El control de las políticas de seguridad a través del habeas corpus.

Ya se puede acceder al material elaborado por el equipo de investigación del Área Acceso a la Justicia del Programa de Ética y Teoría Política. 

Tapa Informe Habaeas Corpus

Seminarios del Programa de Ética y Teoría Política

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  • Reunión IPP octubre 27, 2017 en 7:00 pm – 8:00 pm CIJS
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  • Simposio Ética y Filosofía Política octubre 30, 2017 – octubre 31, 2017
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